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RadarCOVID fue la historia de un fiasco que terminó con una sanción en junio de 2022 contra la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España.
RadarCOVID fue un proyecto más dentro del megaplan de hipervigilancia en el que estamos inmersos desde hace más de dos años; una app lanzada en España el 15 de septiembre de 2020, tras una prueba piloto en La Gomera en junio de aquel año. La aplicación estaba diseñada para rastrear contactos estrechos de Covid-19, alertando a la ciudadanía mediante notificaciones en su móvil de la cercanía de personas supuestamente contagiadas. Otra de sus funciones era la de notificar nuestro resultado positivo en un test anti covid, con la intención de hacer crecer la red. RadarCOVID lanza claves aleatorias diarias a través de Bluetooth que son recogidas por aquellos dispositivos cercanos que también tengan instalada la aplicación. En el caso de recibir un test positivo en un centro sanitario, este debía proveer al paciente de un código para registrarlo en la app. Estas claves, teóricamente, no son susceptibles de identificar de manera alguna a un usuario concreto.
En junio de 2022, menos de dos años después del lanzamiento, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitió una sanción contra la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por violar hasta seis artículos diferentes del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La sanción se quedará en un apercibimiento y no contempla multa de tipo económico por tratarse de un organismo público. Si fuese el caso de una entidad privada, habría de enfrentarse al pago de miles de euros.
Las razones principales que han motivado el dictamen sancionador son, en primer lugar, que no se elaboró un documento de evaluación de impacto sobre la protección de datos de los usuarios con anterioridad al lanzamiento de la aplicación. Este documento es esencial a la hora de valorar los riesgos, sobre todo cuando estamos hablando de información relativa a salud. En segundo lugar, la emisión de las claves diarias permitían inferir la IP del usuario. Esta IP, que constituye un dato personal importantísimo, podía ser observado por varias entidades, entre ellas, el proveedor de Internet e incluso las personas que estuviesen utilizando la misma red wifi que el afectado. Esto choca frontalmente con los preceptos de una aplicación que aseguraba que ningún dato relativo a la geolocalización sería utilizado para establecer la identidad del usuario.
Aunque sea de forma simbólica, las diversas reclamaciones que recibió la Agencia de Protección de Datos han dado sus frutos. La sanción recoge que las brechas en el diseño eran conocidas antes de la puesta en marcha de la app, ya que estaban recogidas al menos en un informe anterior al lanzamiento. Meses después, con la app instalada ya en cientos de dispositivos, los problemas de confidencialidad seguían sin resolverse.
Este experimento de rastreo responde a un fin mayor, que es la obsesión del poder por dominar cada pequeño aspecto de nuestra vida cotidiana. Afortunadamente, en este caso la táctica no les funcionó. RadarCOVID fue un auténtico fracaso y, aunque sigue disponible para su descarga (por cierto, con una paupérrima puntuación en las apps store), ya ha sido anunciada la no renovación del contrato y su retirada definitiva en noviembre de este año.
Aproximadamente el 20% de la población española llegó a descargarse la aplicación, porcentaje a todas luces insuficiente para lograr los objetivos de rastreo. RadarCOVID no tiene sentido si una inmensa mayoría no la utiliza. Ni siquiera fue adoptada por todas las Comunidades Autónomas, cuyo personal sanitario no tenía formación para obtener y enviar los códigos. En total, sirvió para detectar alrededor del 1% de los contagios. Salió bastante caro cada diagnóstico teniendo en cuenta que 4,2 millones de euros del erario fueron destinados a lanzar este instrumento inservible. Los usuarios que se decidieron a usarla pronto se sintieron incómodos ante la gran cantidad de notificaciones que recibían y que tenían el objetivo de informar del “nivel de exposición”: un detalle que parece menor pero no lo es en absoluto. Un marcador difuso como este esconde la intención de conocer el grado de tolerancia a la dictadura pandémica por parte del ciudadano de a pie, así como infundir miedo en una población sin norte. Cada paso dado por el gobierno dentro de esta distopía en la que vivimos está dirigido al mismo punto.
RadarCOVID ha tenido sus réplicas en otros países. En Alemania utilizan Corona-Warn-App, con un funcionamiento similar a la española, y Luca, que utiliza códigos QR en vez de datos transmitidos por bluetooth. Esta última se ha visto envuelta en una polémica tras ser utilizada por la policía para investigar un suceso. Luca estaba diseñada para que los restaurantes y otros establecimientos mantuvieran un registro de asistentes, controlando sus movimientos en caso de positivos covid. Los cuerpos de seguridad de Maguncia, en el suroeste de Alemania, accedieron de manera ilegal a los datos de varios supuestos testigos de la caída mortal de un hombre. El uso de esta información no debería tener otro uso que el sanitario. Al final, las autoridades cerraron el asunto con una simple disculpa de la policía. En Canadá, las tasas de descarga y confirmación de casos a través de app son muy similares a las de España. Esta falta de apoyo ha llevado también a su retirada temprana.
Con RadarCOVID reducida a un chiste, solo nos queda esperar a cuál va a ser la siguiente maniobra para convencernos de que necesitamos un cuidado superior que nos proteja de no sé qué peligro. Tiempo al tiempo.
