Nigeria bloquea millones de teléfonos no vinculados a un número de identidad nacional
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El concepto de identidad se está redefiniendo en nuestros días como respuesta a una necesidad del ciudadano de tener mayor control sobre ella. En el contexto global de transformación digital en el que vivimos esta reclamación cobra sentido, pues son cada vez más los servicios a los que facilitamos información personal. En paralelo, empresas y gobiernos necesitan de la implantación de opciones seguras de gestión de la identidad que apuntalen la confianza de los usuarios. Una buena identificación digital es vital en el camino a la inclusión, pues facilitaría el acceso a servicios (financieros, educativos, etc) a millones de personas que están en los márgenes del ecosistema digital y ahorraría costes a las naciones en desarrollo.
Que los sistemas tradicionales de identificación personal están obsoletos es una realidad. Presentar un DNI, pasaporte o nómina no deja de ser una manera de poner al descubierto una gran cantidad de datos innecesarios y de perder el control sobre ellos. Los inconvenientes se multiplican en internet, cuando abrimos cuentas de usuario específicas para cada servicio. Nuestra información queda a merced de la entidad que procesa los datos, un proveedor de suministros o una red social, por no hablar de lo farragoso que resulta repetir los mismos procesos de identificación una y otra vez.
Las nuevas propuestas sobre esquemas de identificación digital tratan de simplificar los procedimientos a la hora de probar y proteger nuestra identidad. Instituciones y empresas están buscando modelos centralizados o auto gestionados en los que los individuos puedan administrar sus atributos de identidad con libertad y precisión.
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés, National Institute of Standards and Technology) establece que “una identidad digital siempre es única en el contexto de un servicio, pero no necesariamente identifica de manera única al sujeto en todos los contextos. Acceder a un servicio digital no implica que se conozca la identidad de la vida real del sujeto”. Es decir, cuando nos registramos en Twitter facilitamos una serie de datos que pueden diferir mucho de los que reflejamos, por ejemplo, al inscribirnos en un portal de búsqueda de empleo. Los dos perfiles pertenecen al mismo individuo pero dibujan dos identidades diferentes, ya que dependen del contexto, y además no definen quién es la persona en su vida offline. Es por eso que se habla en algunas instituciones de cambiar el enfoque hacia una identidad única, y no una distinta para cada servicio, que podamos llevar en nuestro teléfono móvil y permita una flexibilidad total en el manejo de cada atributo.
Para dar soporte a estas pretensiones aparecen las ID Wallets, más cómodas y prácticas que los DNI electrónicos o los certificados digitales. Estas aplicaciones ofrecen la posibilidad de almacenar y compartir en un smartphone todo tipo de información relacionada con nuestra identidad. Las credenciales pueden ser fácilmente verificadas por terceros siempre con nuestro consentimiento y sin temor a que sean manipuladas. La clave está en que los usuarios pueden escoger exactamente qué aspectos de su identidad quieren compartir en cada momento. La información que necesita un comerciante para vender alcohol no es la misma que la que nos pedirá un arrendador que desea alquilarnos una vivienda. Con solo nuestro número de teléfono o un código QR seremos capaces de demostrar quiénes somos y a la misma vez proteger nuestra privacidad, ya que únicamente compartiremos los atributos estrictamente necesarios tales como nuestra fecha de nacimiento o nuestro ranking de solvencia económica.
Las ID Wallets ofrecerán un amplísimo espectro de posibilidades y facilitarán la relación de las administraciones con los ciudadanos, que a través de ellas podrán recordar citas médicas o de pago de impuestos. La comunicación será rápida, permanente y transparente. En cualquier momento tendremos la posibilidad de verificar nuestra identidad para acceder a un edificio público o participar en una votación. Supondrán una herramienta de gran utilidad en la protección de los menores, que no podrán acceder a actividades no permitidas, y contra el fraude y la suplantación de identidad. ¿O no?
Son varias las iniciativas alrededor del mundo para implantar ID Wallets. La Unión Europea quiere hacer lo propio en un intento de unificar el sistema de identificación de sus ciudadanos y que estos puedan utilizar sus credenciales de manera fácil y segura en cualquiera de los estados miembros. Promete ahorrar costes y preservar la reputación de las instituciones, y todo ello dentro de un sólido marco regulatorio conocido como eIDAS 2.0. Este reglamento es una variación del eIDAS original, de 2014, que nació como necesidad de establecer un marco jurídico común para los servicios de confianza y los medios de identificación electrónica en la UE. A su vez, toda la reglamentación del proyecto europeo pivota en lo que se ha definido como “auto identidad soberana”. Este concepto implica, según reza el programa europeo, que la administraciones no intervendrán en la gestión de nuestras identidades. Y es en este momento donde debemos detenernos para analizar hasta qué punto habría que confiar en esta propuesta, pues ya conocemos de sobra la tendencia de la casta globalista de pervertir los términos y disfrazar sus ansias de control de honesta y desinteresada filantropía. Motivos hay más que de sobra para tener miedo. Solo hay que leer entre líneas las palabras que pronunció Ursula von der Leyen en septiembre de 2020, en su discurso sobre el estado de la Unión: “La Comisión propondrá una identidad electrónica europea segura. Una identidad en la que confiemos y que todo ciudadano pueda utilizar en cualquier lugar de Europa para cualquier tipo de operación, desde el pago de sus impuestos hasta el alquiler de una bicicleta. Una tecnología que nos permita controlar qué datos se utilizan y cómo”. Claro y meridiano. La cartera digital europea, como se están encargando de denunciar desde diversos frentes, podría ser un arma diseñada para mermar nuestras libertades y dirigir esa “auto soberanía”, que no sería tal. Un plan totalitario que encuentra un preludio en los pasaportes y aplicaciones covid que desde las altas esferas han tratado de imponernos durante los últimos dos años. El escalón previo de una infraestructura digital que controle los flujos de información.
El diputado Freek Jansen, ante el parlamento holandés, criticó estos movimientos de la tecnocracia europea en un contundente discurso. Jansen puso el acento en la pérdida de anonimato definitiva en internet. Grandes compañías y gobiernos podrían rastrear nuestras credenciales almacenadas en estas carteras digitales y manejar a su antojo toda esta valiosa información. Nuestros datos de pago o historial médico quedarían al descubierto para todas las instituciones, que se reservarían el derecho de modificar las condiciones de acceso a servicios oficiales. Es el siguiente capítulo de lo que ya hemos visto con la dictadura de los pasaportes covid, que a golpe de QR han tratado de destruir la vida social de aquellos que no se han doblegado ante el régimen. El político holandés advierte de que la libertad supeditada al “buen comportamiento” es la punta de lanza de la agenda globalista, que se rearma con la propuesta de la cartera de identidad digital tras recular en apariencia con los pases covid, solamente porque demostraron ser profundamente ineficaces para sus propósitos.
China es otro de esos territorios que tratan de adoptar sistemas de identificación digital similares. De hecho, llevan desde 2018 realizando ensayos en varias de sus principales ciudades y se preparan ya para instaurarlos a nivel nacional. El gobierno chino pretende que los ciudadanos tengan acceso a multitud de servicios a través de un único canal, que guardaría la información necesaria para verificar su identidad y completar transacciones en persona o en remoto.
Reino Unido o algunos estados como Arizona preparan sus propios planes de identidad digital única. Solo el tiempo nos confirmará hasta qué punto estas carteras apuntalan nuestros derechos o son el caballo de Troya de una nueva sociedad híper vigilada.