30 junio de 2022
El gobierno español aprueba una baja por dolores menstruales
El proyecto de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo aprobado por el gobierno central el pasado 17 de mayo volvió a poner el acento en las mujeres como colectivo que merece una protección singular e incluye una serie de medidas referentes a la salud menstrual. Entre estas medidas encontramos la bajada del IVA en los artículos de higiene femenina o la distribución gratuita de estos productos entre personas con pocos recursos. No obstante, la idea más pintoresca recogida en el texto es la referente al “derecho a la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes”: una baja menstrual que pagará desde el primer día el INSS, que no requiere periodo mínimo de cotización, al contrario que el resto de incapacidades temporales, y “que será de los días que cada mujer, conforme a su cuadro médico, necesite”.
El (breve) texto que describe la nueva norma reconoce que estas incapacidades con baja asociada ya suceden de facto, y justifica la medida como una vía para visibilizar y desestigmatizar un problema inherentemente femenino. ¿De verdad es necesaria una ley específica para un problema que ya tiene solución y una cobertura justa? La iniciativa parte del Ministerio de Igualdad, aunque es Sanidad quien gestiona las 6000 bajas anuales asociadas a la regla. No parece que haya una alarma social que sostenga estas decisiones, que suponen a todas luces un nuevo agravio comparativo donde las mujeres salen perdiendo más de lo que ganan.
La brecha de género tiene difícil solución otorgando privilegios, instalando en la sociedad que las mujeres son inferiores, especialmente vulnerables o débiles por sufrir las consecuencias de un proceso biológico natural que, como hemos mencionado, ya tiene protección dentro del sistema de salud.
La nueva ley es un ataque a la línea de flotación de la igualdad efectiva entre sexos. Las leyes no son solo normas que la ciudadanía debe cumplir, sino que son un ejercicio de comunicación política. El mensaje que se envía a las empresas es que van a tener que asumir un altísimo coste en términos de productividad si contratan mujeres. Los empresarios (entre los que nos encontramos muchas mujeres) podrían estar haciendo este cálculo: si la baja dura como mínimo 3 días (aunque podría llegar a 7), tendríamos que asumir que al cabo del año las mujeres disfrutarían fácilmente de un mes más de vacaciones que los hombres.
Gina Aran, profesora colaboradora de Economía y Empresa de la UOC y experta en recursos humanos alerta de que “lamentablemente, esta baja ad hoc podría generar más discriminación para la mujer, que queda señalada bajo el estereotipo de 'está en esos días' y suponer más trabas en cuanto a su contratación. Es una medida que reconoce el dolor femenino, pero, por otro lado, fomenta la discriminación de género en la contratación y refuerza estereotipos falsos”.
En este punto de “reconocer el dolor femenino” es donde se justifica quien defiende la norma, así como en la cobertura de perfiles muy concretos de mujeres que sufren dismenorrea o cuadros de tensión abdominal con gran cantidad de bajas temporales a lo largo de su vida laboral (se calcula que del orden de 1500 días en el caso de la dismenorrea) y que, en última instancia, podrían suponer un despido procedente.
Además de los probables fraudes de ley, los procesos de selección serán más espinosos si cabe. Se ha luchado durante décadas contra el prejuicio que señalaba a las mujeres por la posibilidad de un embarazo y ahora un Ministerio da alas a una nueva traba sobre las contrataciones a través de una medida que tiene más aspecto de propaganda que de clamor popular.
Muy pocos países del mundo contemplan permisos similares. Podría decirse, de salir adelante, que España sería el primer país occidental en implantar este epígrafe dentro de una ley. Es en Asia donde se concentran las naciones que han puesto en marcha leyes que cubren estas bajas menstruales, con Indonesia, Taiwán, Corea del Sur y Japón, que fue el primero en implantarla, como pioneros. Fuera de Asia, Zambia y México están estudiando normas parecidas. En Europa, Italia rechazó este permiso en 2017 y Portugal acaba de hacer lo propio.
No parece que las nuevas bajas aporten demasiado a la defensa de ningún derecho o respondan a una verdadera necesidad, ya que ciertas administraciones como la de Castellón o Girona han aprobado permisos menstruales de horas o días que casi nadie ha utilizado.
Suelo contar una experiencia muy significativa que me ocurrió con una empleada. Durante meses se ausentó de su puesto de trabajo los lunes y martes de una semana al mes. Cuando pregunté cómo era posible que siempre faltase los mismos días cada mes, me explicaron que se ausentaba debido a la regla, pero que como tomaba la píldora, por eso las ausencias eran regulares. Sepa el lector, que el ciclo de la píldora anticonceptiva se puede controlar alargándolo o acortándolo en función del deseo de la mujer, por lo que esta empleada podría haber elegido faltar a su trabajo el fin de semana. Me parece muy injusto que alguien sea capaz de aprovecharse de una situación que muchas otras mujeres no pueden controlar y que en ocasiones provoca verdaderos problemas.
El feminismo necesita de leyes que sepan poner negro sobre blanco las prioridades de un país, que pongan en valor el sacrificio y defiendan una igualdad real, donde las mujeres no sean tratadas con paternalismo. Este permiso es innecesario y dañino, y más le valdría al gobierno estar invirtiendo su tiempo en asuntos de interés que no perjudiquen a las mujeres profesionalmente.
